La derogación del régimen arancelario del arroz cambia la posición negociadora de República Dominicana frente a Estados Unidos. El país ya retiró una medida que Washington consideraba incompatible con las condiciones de acceso pactadas en el DR-CAFTA. La pregunta ahora es qué obtiene RD en la negociación que se abre a partir de esa decisión.

Hasta ahora, el arroz aparecía como una de las principales fichas que Washington podía colocar sobre la mesa: Estados Unidos reclamaba modificar las condiciones de acceso de su arroz al mercado dominicano, mientras República Dominicana buscaba reducir o eliminar el arancel adicional de 12.5% que grava determinadas exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense.

Pero el Gobierno dominicano ya movió esa ficha. Mediante el Decreto 635-26, el presidente Luis Abinader derogó el Decreto 693-24, que había establecido un arancel de 20% dentro del contingente y de 99% fuera de este para determinadas categorías de arroz, además de una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas para el arroz estadounidense con arancel cero.

La particularidad fundamental es que no se trata simplemente de una nueva apertura del mercado dominicano. Es la eliminación de un régimen que Estados Unidos había cuestionado por considerar que mantenía restricciones incompatibles con los compromisos de acceso asumidos por República Dominicana bajo el DR-CAFTA. USTR había señalado que el país debía poner a disposición los contingentes establecidos por el acuerdo y había advertido sobre el Decreto 693-24.

Por tanto, el arroz cambia de naturaleza dentro de la negociación.

Deja de ser una concesión que República Dominicana todavía podía ofrecer y se convierte en una decisión ya tomada para restablecer las condiciones de acceso reclamadas por Estados Unidos.

Ahí adquiere importancia el concepto de reciprocidad.

No significa que República Dominicana pueda reclamar una contraprestación automática por cumplir una obligación derivada del DR-CAFTA. La cuestión es evitar que el cumplimiento de un compromiso pactado se convierta en el punto de partida para nuevas concesiones dominicanas sin una discusión paralela sobre lo que Estados Unidos está dispuesto a conceder. Ese debería ser ahora uno de los centros de la negociación.

Estados Unidos ha reclamado mayor acceso para sus productos al mercado dominicano. República Dominicana, por su parte, busca reducir o eliminar el 12.5% que afecta a sus exportaciones y preservar condiciones que han permitido el desarrollo de las zonas francas y una relación comercial profundamente integrada con el mercado estadounidense.

El Gobierno dominicano ya dio respuesta a una de las demandas más sensibles de Washington. La cuestión ahora es qué coloca Estados Unidos enfrente.

No se trata de establecer una equivalencia mecánica entre toneladas de arroz y puntos porcentuales de arancel, ni de cobrarle a Washington por el cumplimiento del DR-CAFTA. Se trata de construir una negociación en la que las decisiones de una parte formen parte de un paquete más amplio y no se conviertan en concesiones unilaterales sucesivas.

La propia naturaleza de la relación favorece una negociación de ese tipo.

El DR-CAFTA constituye el marco jurídico de la relación comercial y contiene compromisos sobre bienes y servicios, inversión, contratación pública, telecomunicaciones, comercio electrónico, transparencia, trabajo y otros ámbitos. Por eso, una negociación adicional no debería confundirse con empezar de cero, sino con reordenar las condiciones de una relación que ya tiene una arquitectura comercial establecida.

Hay, además, razones para ampliar el campo de discusión.

El arroz no es el único asunto que interesa a Estados Unidos. Washington también ha señalado preocupaciones sobre otros productos y condiciones regulatorias y tributarias que afectan el acceso de mercancías estadounidenses al mercado dominicano.

En su informe sobre barreras comerciales, por ejemplo, incluyó observaciones sobre el etanol y otros tratamientos tributarios.

República Dominicana también tiene elementos para llevar a la mesa. El más evidente es el 12.5% que enfrentan determinadas exportaciones hacia Estados Unidos. A ello pueden agregarse la certidumbre para las zonas francas, las reglas de origen, la previsibilidad regulatoria, la facilitación del comercio y las condiciones para profundizar la integración productiva entre ambas economías.

Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre cumplir y negociar.

Cumplir significa ajustar una medida a las obligaciones asumidas. Negociar significa decidir qué nuevas ventajas está dispuesta a conceder cada parte para profundizar la relación.

Y esa distinción adquiere especial importancia después del arroz.

República Dominicana ya retiró una barrera que Estados Unidos consideraba incompatible con el acceso que le correspondía bajo el DR-CAFTA. Lo que no debería ocurrir es que esa decisión sea contabilizada como una concesión dominicana dentro de una nueva negociación mientras las demandas de Washington continúan acumulándose.

El 12.5% adquiere entonces un peso mayor.

La discusión ya no debería limitarse a cuánto más puede abrir República Dominicana su mercado. Debería incorporar también cuánto está dispuesto Estados Unidos a abrir el suyo.

Ahí está la verdadera prueba de la reciprocidad.

El arroz, que parecía ser una de las principales cartas de Estados Unidos, puede terminar convirtiéndose en el punto de partida para una pregunta más amplia: si República Dominicana ya retiró la barrera que Washington cuestionaba, ¿qué barrera está dispuesto Estados Unidos a retirar o reducir?

Porque una cosa es restablecer el acceso que ambos países pactaron en el DR-CAFTA y otra, muy distinta, es entrar en una nueva negociación de reciprocidad.

Y es precisamente en esa segunda conversación donde República Dominicana tendrá que determinar cuánto vale lo que está dispuesta a conceder y, sobre todo, qué obtiene a cambio.

Fuente  Hoy